En el marco de la ofensiva nacional contra el delito y con el objetivo de proteger el patrimonio económico de los ciudadanos, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó una operación que permitió hacer efectivas órdenes judiciales de captura contra siete personas en Medellín, Bogotá y Cali.

Gracias a un trabajo minucioso de la Seccional de Investigación Criminal, se recolectaron elementos materiales probatorios que vinculan a este grupo con al menos 22 hurtos a residencias en el barrio El Poblado de Medellín y en los municipios de Envigado, Sabaneta y Guarne. La evidencia permitió establecer un modus operandi común, lo que llevó a identificar a una estructura delincuencial dedicada al hurto en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y municipios cercanos.

Durante diez meses, se adelantaron acciones judiciales que permitieron identificar y judicializar a ocho integrantes de esta red, incluyendo a tres de sus principales coordinadores. Con base en las pruebas recopiladas, la Fiscalía solicitó a un juez las órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Estas se hicieron efectivas mediante allanamientos y capturas en vía pública.

Las investigaciones revelaron que esta estructura infiltraba a sus miembros en empresas de seguridad privada, quienes luego eran asignados a conjuntos residenciales. Desde allí, realizaban un estudio de los residentes, perfilaban a las posibles víctimas y, aprovechando la ausencia de los propietarios, facilitaban el ingreso de los delincuentes a las urbanizaciones, utilizando vehículos de alta gama para pasar desapercibidos.

Su accionar incluía la violación de cerraduras y la manipulación del fluido eléctrico para ingresar sin violencia a las viviendas, donde se apropiaban de dispositivos tecnológicos, dinero y joyas. En los casos esclarecidos, el valor total de lo hurtado asciende a 5.416 millones de pesos.

Además, se conoció que la organización planeaba replicar esta modalidad delictiva en Cali, infiltrando otras empresas de seguridad para vincular a nuevos integrantes como vigilantes.

Los capturados, hombres entre los 23 y 55 años de edad, fueron presentados ante la autoridad judicial para la realización de las audiencias preliminares, donde se definirá su situación legal.

Con esta operación, la Policía Nacional reafirma que la investigación criminal rigurosa y la articulación con la Fiscalía son fundamentales para desarticular estructuras delictivas, proteger el patrimonio ciudadano y garantizar la seguridad de las comunidades.