La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con CONFIN-3 y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), mediante diligencia de registro y allanamiento realizada el 15 de mayo, logró la captura por orden judicial de un hombre conocido con el alias de “Cali”, por el delito de concierto para delinquir agravado.

El capturado, de acuerdo con el proceso investigativo, sería el presunto cabecilla financiero de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés, con injerencia en los municipios de Remedios, Vegachí, Yalí y Yolombó, en la subregión del Nordeste antioqueño.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, esta persona sería el principal responsable de la recolección de recursos económicos provenientes de rentas criminales derivadas del narcotráfico, las exigencias económicas ilegales y la explotación ilícita de yacimientos mineros. De manera preliminar, se estima que esta actividad ilegal habría permitido el recaudo mensual cercano a los dos mil millones de pesos ($2.000.000.000).

Asimismo, el hoy capturado registraría una trayectoria criminal aproximada de 15 años al interior de esta estructura criminal, donde presuntamente habría ejercido un rol determinante en la consolidación financiera y sostenimiento de actividades delictivas en esta zona del departamento.

Durante el procedimiento fueron incautados un equipo celular iPhone, $1.174.000 en efectivo, cinco memorias USB y una libreta con anotaciones relacionadas, al parecer, con registros de rentas criminales, elementos que serán objeto de análisis dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con la información recopilada, alias “Cali” haría parte del componente criminal focalizado de esta estructura y sería presuntamente uno de los determinadores de las exigencias económicas ilegales en los municipios donde delinque la organización, mediante intimidaciones y acciones violentas contra ciudadanos y sectores productivos.

La Policía Nacional en Antioquia continúa fortaleciendo sus capacidades operativas e investigativas para contrarrestar el accionar de estructuras criminales, proteger a las comunidades y garantizar condiciones de seguridad y convivencia, en articulación con las autoridades judiciales y bajo estricto respeto por los derechos humanos y el debido proceso.