La Policía Nacional de Colombia en Montería, en una intervención directa que sacudió la dinámica comercial de la capital cordobesa, desplegó un operativo masivo de prevención y control en los principales centros comerciales. La instrucción fue contundente: no permitir que las pantallas se conviertan en el pasaporte de los menores hacia redes de engaño, ciberacoso o peligros silenciosos.
La jornada de choque, enmarcada en la rigurosa estrategia E-PAÍS (Estrategia de Protección a la Infancia e Infancia Segura), fue liderada por la señora capitán Maday Edith Moreno Catalán, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales MEMOT (E). Los uniformados del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia abordaron de manera frontal a ciudadanos, padres de familia y comerciantes para sensibilizarlos sobre la responsabilidad familiar en la era digital.
Durante las actividades de proximidad, la fuerza pública transmitió a la ciudadanía un mensaje claro y directo sobre las amenazas latentes que enfrentan los niños y adolescentes tras un teléfono celular o un computador:
- Control parental activo: exigencia a los padres para que vigilen, orienten y establezcan límites estrictos al uso de redes sociales y plataformas digitales.
- Alertas tempranas: socialización directa sobre los riesgos de la hiperconectividad, el grooming, el ciberacoso y la exposición a contenidos no aptos para menores.
- Rutas de atención activas: entrega de los canales de emergencia oficiales, promoviendo que la comunidad denuncie cualquier vulneración de derechos.
123 – Policía Nacional (emergencias inmediatas).
141 – ICBF (protección y restablecimiento de derechos del menor).
"La protección de nuestra infancia no es negociable ni se delega a una pantalla. Estamos en las calles y centros comerciales exigiendo a los padres compromiso real y recordándoles que la seguridad de sus hijos empieza en casa", señaló la Institución durante el balance de la ofensiva.
Con esta intervención en los centros comerciales de Montería, la Policía Metropolitana demuestra que la autoridad se ejerce de manera preventiva y cercana a la comunidad, anticipándose al delito y cerrando el paso a cualquier amenaza que pretenda vulnerar el futuro de la niñez cordobesa.