La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), logró la desarticulación de un Grupo Delictivo Organizado multicrimen dedicado al tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, municiones, explosivos y estupefacientes, al servicio de las disidencias de las FARC – Estado Mayor Central, particularmente del Frente Carlos Patiño.
Esta estructura criminal, integrada por al menos 12 personas, funcionaba como un “outsourcing” criminal que abastecía de material de guerra y estupefacientes a grupos armados al margen de la ley con presencia en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Arauca.
El cabecilla principal, conocido como “El Gordo” o “Barbas”, también identificado como inversionista del entramado criminal, coordinaba la compra de material de guerra en Bogotá, Villavicencio, Meta y Guaviare; la adecuación de vehículos con caletas; supervisaba rutas y modalidades de transporte; y administraba los ingresos provenientes del tráfico de armas y estupefacientes, utilizando cuentas propias, de familiares y de terceros para recibir el dinero ilícito.
Durante el proceso investigativo se realizaron siete incautaciones importantes:
- 29 de agosto de 2023 – Cauca: 477 granadas (378 de 40 mm M433 y 99 IM-M26). Capturado en flagrancia Luis Ángel Hurtado Morales, quien transportaba el material oculto en un motocarro con caleta de doble piso.
- 26 de septiembre de 2023 – Villavicencio: 67 granadas (39 IM-M26 y 28 M433 HEDP) ocultas en encomiendas.
- 3 de octubre de 2023 – Popayán: 14 granadas de mortero de 60 mm camufladas como encomienda.
- 16 de febrero de 2024 – Popayán: 12.100 cartuchos de uso privativo de las Fuerzas Militares (5.56 mm y 7.62 mm), un arma de fuego 9 mm, una pistola 7.65 mm con proveedor y cartuchos, y un revólver calibre 38. Capturado Omar Humberto Roa Pinzón.
- 17 de agosto de 2024 – Granada (Meta): 436 kg de marihuana tipo Cripy ocultos en llantas de tractor. Capturado Juan Manuel Martín Picón.
- 30 de enero de 2025 – Agua de Dios (Cundinamarca): 83 kg de cocaína ocultos en una camioneta conducida por Juan Manuel Martín Picón.
- 1 de julio de 2025 – Mosquera: 349 kg de marihuana en caleta de doble piso de un camión. Capturado Luis Alberto Méndez Morera.
La organización desarrollaba tres modalidades delictivas:
- Tráfico de armas, municiones y explosivos: adquirían armamento en Bogotá, Villavicencio y municipios del Meta, ocultándolo en caletas instaladas en automóviles, motocicletas y motocarros. Usaban motociclistas como campaneros y empresas de encomiendas para transportar armas camufladas. Se identificaron rutas como Villavicencio – El Tambo (Cauca); Granada (Meta) – El Rosario (Arauca); Villavicencio – San José del Guaviare – Vereda La Paz y Villavicencio – Bogotá – Cali – Popayán.
- Tráfico de estupefacientes: transportaban grandes cantidades desde zonas de producción en Cauca y Nariño usando camiones de estacas y camionetas con doble fondo, con rutas alternas y campaneros. Algunas rutas principales fueron Norte del Cauca – Mesetas (Meta); San José del Guaviare – Brasil por vía fluvial; Nariño y Cauca con destino a Norte de Santander y Arauca.
- Manejo clandestino de dinero y pagos en efectivo: almacenaban grandes sumas en viviendas y realizaban préstamos internos entre miembros de la organización para financiar la compra de material ilícito. También se identificaron transferencias de altas sumas en cuentas de cabecillas, familiares y terceros desde ciudades y departamentos como Bogotá, Guainía, Meta, Huila, Casanare, Cauca, Tolima, entre otros.
La investigación impactó directamente la cadena de abastecimiento de armas y drogas hacia las disidencias de las FARC – EMC, afectando la adquisición, almacenamiento y transporte de armamento bélico, la distribución de estupefacientes y las finanzas criminales mediante incautaciones y judicializaciones.
La operación Aquiles resultó en:
- Captura por orden judicial de 8 integrantes y una persona más en flagrancia.
- Ejecución de 10 diligencias de allanamiento y registro.
- Incautación de 23 teléfonos celulares, $130 millones en efectivo, 149 cartuchos calibre 9 mm, 9 partes de fusil y ametralladora, 1 pistola traumática y 1 computador portátil.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías; ocho recibieron medida privativa de la libertad en centro carcelario y uno medida no privativa. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por: concierto para delinquir agravado con fines de financiación del terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dos de los imputados aceptaron los cargos.
La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de armas, explosivos y estupefacientes, y en fortalecer las estrategias para desarticular estructuras multicrimen que financian y apoyan a grupos armados al margen de la ley.
