Luego de un proceso de investigación durante más de un año por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con apoyo de la Fiscalía General de la Nación se logró desmantelar una banda delincuencial que compraba motocicletas de alto cilindraje en proceso de chatarrización, luego eran matriculadas al parecer con complicidad de algunos funcionarios de organismos de tránsito y posteriormente comercializadas a un menor costo y con documentación supuestamente legal. 

La investigación ha permitido develar que esta banda delincuencial había logrado matricular un total de 23 motocicletas de alto cilindraje que habían sido compradas en proceso de chatarrización, las cuales eran matriculadas luego de que eran regrabados sus sistemas de identificación.

En este proceso delincuencial contaba al parecer con complicidad de funcionarios de los tránsito de algunos municipios de los departamentos de Caldas y Risaralda, donde estos hacían todo el proceso de matrícula con documentación falsa (certificado de empadronamiento, factura de venta y declaración de importación) y sistemas de identificación regrabados (chasis y motor) información que era migrada a la plataforma de la concesión  RUNT y la Secretaría de Tránsito, expidiendo la licencia de tránsito y las placas de circulación originales, lo cual hacia que detectarlos fuera más difícil en los controles por parte de las autoridades judiciales.

Con esta actividad ilegal estafaban a personas que desconociendo el proceso de compra de motocicletas se dejaron seducir por los precios que estos delincuentes les ofrecían por un valor muy inferior al comercial.

Mediante la operación “el acopio” se logró la captura en las ciudades de Medellín, Bogotá, La Virginia (Risaralda) y Villamaría (Caldas) de siete personas entre ellas dos hombres de 49 y 59 años de edad, funcionarios del tránsito Villamaría Caldas, un hombre de 47 años de edad, quien comercializaba las motocicletas en Medellín, un hombre de 46 años de edad encargado de la comercialización y trámites de las motocicletas, tres mujeres de 27, 40 y 43 años de edad funcionarias del tránsito municipal de La Virginia Risaralda. Todos requeridos mediante orden judicial por los delitos concierto para delinquir, estafa agravada, falsedad marcaria y fraude procesal. 

En total de las 23 motocicletas que habían logrado matricular han sido incautadas 14, las cuales están avaluadas en 168 millones de pesos. 

Vale la pena resaltar que las motocicletas eran ensambladas con moto partes hurtadas, las cuales las hacía más atractivas para su potencial comprador al estar en buen estado.