En el marco de la ofensiva contra la corrupción, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, propinó un contundente golpe a una estructura criminal dedicada al fraude electrónico. En una operación simultánea desarrollada en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Montería, se realizaron diligencias de registro y allanamiento, además de hacerse efectivas 11 órdenes de captura por orden judicial contra personas señaladas de apropiarse presuntamente de más de 3.000 millones de pesos, recursos destinados a familias en condición de vulnerabilidad en Colombia.

De acuerdo con la investigación, esta organización criminal se especializaba en la suplantación de identidades y de puestos de cobro, con el fin de apropiarse ilegalmente de recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), dirigidos exclusivamente a programas de atención para población vulnerable.

El desvío ilícito de estos fondos estatales supera los 3.000 millones de pesos, afectando directamente los recursos destinados a programas sociales. Para cometer este fraude, la organización presuntamente suplantaba las huellas dactilares de las víctimas. Mediante rigurosos cotejos dactiloscópicos, los peritos judiciales establecieron que la red accedía de forma ilegal al software diseñado para enrolar las huellas de los beneficiarios legítimos, modificándolas por las del cabecilla de la organización y las de sus cómplices para efectuar cobros fraudulentos.

Se trata de una investigación que se extendió por más de dos años, en la que investigadores del Área Anticorrupción de la DIJIN recopilaron, desde el año 2023, material probatorio suficiente para llegar a este resultado. La denuncia inicial fue presentada por una red multiservicios de giros ante la Fiscalía General de la Nación, luego de detectar irregularidades en varios de sus puntos de pago. Diversas auditorías internas permitieron identificar la modalidad delictiva empleada por esta estructura criminal.

Las autoridades lograron identificar a alias “Yeimar” como presunto cabecilla de la organización, así como a otros integrantes con roles específicos dentro de la estructura, entre ellos reclutadores, cobradores y suplantadores. Inicialmente, habrían comenzado a cobrar fraudulentamente subsidios en la ciudad de Medellín y en municipios del departamento de Antioquia; posteriormente, habrían extendido su accionar a Ibagué (Tolima), Montería (Córdoba) y Barranquilla (Atlántico), donde buscaron puntos estratégicos para falsificar documentos de identidad, acceder de manera abusiva a sistemas informáticos y captar colaboradores para materializar los cobros ilegales.

La investigación permitió establecer que el dinero desviado correspondía a subsidios de programas estatales como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y la Unidad para las Víctimas de Desplazamiento por la Violencia. A la fecha, se han identificado más de 334 víctimas en todo el territorio nacional, así como 49 denuncias penales y 69 quejas radicadas ante la red multiservicios. Las investigaciones continúan para ubicar a más presuntos integrantes y colaboradores de la organización, entre ellos posibles funcionarios públicos que habrían suministrado información privilegiada.

Durante los allanamientos fueron hallados e incautados nueve computadores, ocho terminales telefónicas y tres discos duros, elementos que serán sometidos a análisis forense para la extracción de información. Asimismo, fueron encontradas máquinas laminadoras, lectores biométricos, lectores de códigos de barras e insumos utilizados para la presunta elaboración ilícita de cédulas de ciudadanía.

Las 11 personas capturadas, junto con los elementos materiales probatorios incautados, fueron presentadas en audiencia pública ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, abuso de confianza calificado y falsedad personal.

Con este resultado operativo, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los recursos del Estado y con la garantía de que las ayudas sociales lleguen a quienes realmente las necesitan, neutralizando a quienes pretenden lucrarse de manera ilegal mediante el uso fraudulento de la tecnología.