La Policía Nacional en Montería participó de manera activa en el Consejo de Seguridad extraordinario convocado para atender las situaciones derivadas del frente frío atípico que afecta a la región. En esta mesa de trabajo, en la que también intervinieron la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Gestión del Riesgo, la Institución definió la hoja de ruta operativa para garantizar el orden público y la protección de las familias damnificadas durante la contingencia.
Como resultado de este comité, la Policía Nacional ha desplegado un componente especial de vigilancia para acompañar a las cerca de 7.000 personas que actualmente se encuentran en albergues temporales. El personal uniformado mantiene una intervención constante en estos puntos, con el propósito de mitigar problemas de convivencia y prevenir cualquier tipo de violencia que pueda surgir debido a la situación de emergencia. Estas acciones se articulan con el censo oficial, que ya registra 23.700 ciudadanos afectados, a quienes se les brinda atención y seguridad de forma prioritaria.
Aunque el nivel del río ha iniciado su descenso y el riesgo en la represa ha disminuido significativamente, la Institución mantiene patrullajes perimetrales para evitar el ingreso de civiles a zonas de peligro. Asimismo, unidades policiales brindan seguridad técnica durante las labores de verificación del fluido eléctrico en los sectores críticos.
El señor coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, señaló:
“Desde la Policía Nacional participamos activamente en este Consejo de Seguridad extraordinario, donde definimos la hoja de ruta operativa para garantizar el orden público y la protección de las familias damnificadas. Nuestro componente especial permanece en los albergues y en las zonas críticas, priorizando la seguridad y la convivencia ciudadana durante esta emergencia”.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de mantener el control territorial y la seguridad ciudadana. La Institución hace un llamado a la tolerancia y a la calma entre los habitantes de los sectores afectados, recordando que todas las capacidades institucionales están desplegadas para proteger la vida y los bienes de los monterianos.
