Abogado, especialista en Derecho Administrativo, Seguridad, Servicio de Policía, Derecho de Policía, Derecho Penal e Investigación Criminal.
Ingresó a la Policía Nacional egresando como Teniente para el año de 1997, ejerciendo los cargos como Asesor Jurídico, Coordinador Grupo Asuntos Internos Disciplinarios y Asesor Jurídico del Grupo de Contratos en el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
Posteriormente, siendo Capitán, laboró en el Departamento de Policía Santander donde fungió como Jefe Oficina Negocios Judiciales ejerciendo la defensa de las demandas judiciales ante lo contencioso administrativo, Jefe de Asuntos Jurídicos y Disciplinarios de la sección Policía de Carreteras y Asesor Jurídico.
Ostentando el grado de Mayor, por disposición del Mando Institucional es asignado a prestar su servicio en la Secretaría General asumiendo la dirección del Proceso de Jurisdicción Coactiva participando en la creación del Grupo de Seguimiento y Control de Procesos Judiciales.
En su trayectoria institucional, como Teniente Coronel fue destinado a la Policía Metropolitana de Bogotá laborando en la Fuerza Disponible así mismo como Comandante encargado de las Estaciones: Santa Fe, Tunjuelito, Kennedy. Posteriormente, fue asignado como Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana encargado para los COPER 1, 3 y 4, Comandante Operativo de Servicios Especializados así como Subcomandante de la Estación de Policía Suba, Jefe del Área de Talento Humano y de la Oficina de Asuntos Jurídicos en la antes citada Metropolitana.
Para el año 2021, en el grado de Coronel, es destinado a ejercer como Jefe del Grupo Asesoría en la Subdirección General, cargo desde el cual asesoró jurídicamente al Mando respecto a situaciones de impacto institucional en el contexto nacional e internacional.
Sus conocimientos y amplia trayectoria en el ámbito jurídico, le han permitido orientar decisiones del Mando Institucional con relación a la importancia de la unidad de criterio jurídico como pilar fundamental en el actuar del Policía para el cumplimiento de su responsabilidad constitucional respecto a la protección de los deberes y derechos de los ciudadanos, la protección jurídica de nuestros policías, dado su rol como garantes en el aseguramiento de las condiciones para la seguridad y convivencia en la Patria, proyectando a la Secretaría General como el soporte jurídico del servicio de policía orientado hacia la convivencia como eje fundamental para la construcción de la paz.