En desarrollo de las estrategias integrales de seguridad orientadas a la protección de la vida y el patrimonio económico de los ciudadanos, la Policía Nacional ha intensificado las acciones operativas contra la circulación ilegal de armas de fuego en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Como resultado de estos controles sostenidos durante el mes de enero, se logró la incautación de 25 armas de fuego, de las cuales 23 fueron retiradas de las calles de Medellín, así como la captura de ocho personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Entre los procedimientos más relevantes se destaca un operativo desarrollado en el barrio Villatina, donde uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 37 años, quien momentos antes habría intimidado a un ciudadano con un arma de fuego para despojarlo de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La reacción inmediata de las patrullas permitió la captura del presunto responsable y la recuperación de los elementos hurtados, los cuales fueron restituidos a su propietario.

De igual manera, en el barrio Villa Sofía, patrullas de vigilancia que adelantaban labores de registro, control y patrullaje capturaron a un hombre de 20 años, luego de ser sorprendido realizando disparos al aire. Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego de menor letalidad, cuya munición había sido modificada para causar daño.

Al verificar su situación judicial, se estableció que el capturado se encontraba incumpliendo la medida de detención domiciliaria concedida por un juzgado, por lo que fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos.

Finalmente, en la comuna La Candelaria, se hizo efectiva la captura de una persona requerida por orden judicial por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La detención se produjo durante actividades de registro y verificación de antecedentes, al evidenciarse, a través del sistema PDA, una orden de captura vigente en su contra.

Todos los capturados en el marco de estos procedimientos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y definir su situación jurídica. Cabe recordar que el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, de acuerdo con el artículo 365 del Código Penal colombiano, contempla penas de prisión que pueden oscilar entre 9 y 12 años, según las circunstancias del hecho y las condiciones del procesado.

En desarrollo de actividades de registro, control y verificación de antecedentes a personas y vehículos, uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la calle 37C con carrera 23, en el barrio Santa Inés.

Durante el procedimiento, fue abordado un ciudadano a quien se le practicó un registro a persona y se le consultaron los antecedentes a través del dispositivo PDA, arrojando como resultado un requerimiento judicial vigente.

Posteriormente, se solicitó el vehículo institucional para el traslado del ciudadano hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), con el fin de adelantar la respectiva ampliación de datos y dejarlo a disposición de la autoridad judicial competente.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el marco de las acciones orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento de la confianza ciudadana, la Policía Nacional de Colombia desarrolló una actividad comunitaria en San Andrés de Tumaco, con la participación de diversas dependencias institucionales y un amplio acercamiento con la comunidad.

La jornada fue liderada por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, en articulación con el Gaula de la Policía, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), los uniformados de la Patrulla Púrpura y el Departamento de Policía Nariño, quienes presentaron a la ciudadanía la oferta institucional de la Policía Nacional.

Durante el encuentro se propició un diálogo directo con la comunidad, en el que se resaltó la importancia de la memoria histórica institucional como una herramienta clave para la construcción de paz y la reconciliación en los territorios históricamente afectados por la violencia.

Además, se socializaron las rutas de atención dispuestas por la institución para la prevención de la violencia basada en género, brindando información clara y oportuna sobre los mecanismos de apoyo y protección existentes. De igual forma, se difundieron los canales de denuncia y números de contacto para reportar cualquier hecho delictivo.

Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia realizó un llamado a los padres de familia y cuidadores para fortalecer el entorno protector de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir el reclutamiento forzado y cualquier forma de violencia que vulnere sus derechos.

Esta iniciativa permitió acercar la institucionalidad a los sectores más afectados por la violencia, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo escenarios de resiliencia y convivencia pacífica, en concordancia con el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad, la dignidad y la democracia.

En el marco del fortalecimiento de las acciones operativas y preventivas orientadas a contrarrestar el contrabando y el comercio ilícito, y como parte de la estrategia contra la ilegalidad, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera y en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), logró la aprehensión de un (1) equipo industrial generador eléctrico de procedencia extranjera en el municipio de Hatonuevo, La Guajira.

En un punto móvil de control aduanero ubicado en el kilómetro 35 de la vía Distracción–Cuestecitas, en jurisdicción del municipio de Hatonuevo, La Guajira, se llevó a cabo la aprehensión de dicha maquinaria, avaluada comercialmente en $171.089.850. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al momento de solicitar la documentación que acreditara la legalidad de la mercancía transportada y tras su verificación y análisis integral, se evidenció la ausencia de algoritmos de identificación del objeto.

Es de anotar que la mercancía fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el trámite correspondiente.

“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y continuaremos fortaleciendo los controles aduaneros en la Región Caribe para combatir el contrabando y salvaguardar la economía del país”, señaló el capitán Ángel Yesid Bernal Ramírez, jefe de la División de Control Operativo Riohacha.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a la lucha contra el contrabando, apoyando la legalidad y denunciando cualquier actividad ilícita a través de la Línea Anticontrabando 159, el WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co. Se garantiza absoluta reserva de la información suministrada.

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, propinó un golpe contundente al multicrimen en el municipio de Jamundí con la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Bocachicos’, un clan familiar liderado inicialmente por tres hermanos, responsable de homicidios, hurtos, desplazamientos forzados y de mantener conexiones con el Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) ‘Jaime Martínez’.

Tras 20 meses de investigación y la ejecución de 15 diligencias de allanamiento, las autoridades hicieron efectivas 11 órdenes de captura, imputaron cargos a cuatro presuntos integrantes recluidos en centros penitenciarios del país y lograron el esclarecimiento de 24 homicidios, dos desplazamientos forzados y dos hurtos de alto impacto.

Las indagaciones permitieron establecer que ‘Los Bocachicos’ operaban como red de apoyo urbano y outsourcing criminal para el GAOR ‘Jaime Martínez’. Su accionar afectaba principalmente a los barrios Belalcázar, Parques de Castilla, Portal del Jordán y Amigos 2000, en el municipio de Jamundí.

Uno de los procesados es alias ‘Iván Bocachico’, quien continuaba dirigiendo las actividades delictivas desde un establecimiento carcelario en Cundinamarca. A través de alias ‘Hongo’, también capturado y considerado su mano derecha, coordinaba homicidios selectivos, desplazamientos forzados y afectaciones al patrimonio económico, entre ellas el hurto de motocicletas y celulares en la vía Panamericana y otros corredores que comunican a Jamundí con Cali y Calima Darién.

Durante la investigación se determinó que alias ‘Iván Bocachico’ habría ordenado en 2024 el homicidio de su propio hermano; sin embargo, las víctimas resultaron siendo la pareja sentimental, quien se encontraba en estado de gestación, y un ciudadano extranjero.
Entre los capturados se encuentran también alias ‘Ambiti’, ‘Hormiga’ y ‘Zampada’, presuntos sicarios; así como ‘Tombe’, ‘Lágrima’, ‘Pipe’, ‘Soler’, ‘La K’, ‘Valeria’, ‘Jhonny Perdomo’, ‘Lisandro’, ‘Indio’ y ‘Gabriel’, señalados como facilitadores de actividades criminales.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural.

Con esta acción, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad en Jamundí, desmantelando estructuras criminales que atentan contra la vida y la tranquilidad de los ciudadanos.

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali invita a la ciudadanía a aportar información que permita combatir los flagelos de la delincuencia. Para ello están habilitadas la línea contra el crimen 3213945156, la línea de emergencia 123 y la línea 156 de la Red de Cooperantes, garantizando absoluta confidencialidad.

Una operación interagencial liderada por la Policía Nacional permitió intervenir 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, municipio de Quibdó, mitigando graves daños ambientales y afectando de manera directa las economías ilícitas del Clan del Golfo, responsables de la depredación de los recursos naturales del Chocó.

En el marco de la Estrategia Institucional de Protección al Capital Natural, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desarrolló una intervención contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta zona del departamento.

La operación se ejecutó como blanco de oportunidad, mediante un trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó).

Durante los patrullajes de observación y control fueron intervenidas 12 minas ilegales, correspondientes a igual número de casos conocidos. En el lugar se logró la destrucción e inutilización de cinco (5) dragas, veinte (20) motobombas y trece (13) motores, maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales.

Este resultado representa una afectación contundente a las economías ilegales del Clan del Golfo, con un avalúo aproximado de 275 millones de pesos, debilitando su capacidad financiera y logística.

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, señaló:

“Cada una de estas operaciones refleja el compromiso permanente de la Policía Nacional con la protección del capital natural del país. Al intervenir la minería ilegal no solo afectamos las economías criminales, sino que protegemos los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad que son fundamentales para las comunidades y para las futuras generaciones. Seguiremos fortaleciendo el trabajo interinstitucional para defender nuestros recursos naturales y garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio”.

Este resultado operacional genera un impacto positivo directo sobre el capital natural del departamento del Chocó, al reducir la degradación de ecosistemas estratégicos, la alteración de la franja forestal protectora y la contaminación de fuentes hídricas causada por el uso de químicos nocivos como mercurio y otros contaminantes. Asimismo, contribuye a la protección de la fauna y flora silvestre, evitando su desplazamiento o muerte por intoxicación.